Hiedra García Sampedro. Madrid
Castilla y León, Rioja, Extremadura y País Vasco son las cuatro comunidades que han desarrollado decretos para regular la formación sanitaria especializada. Aunque son avances muy solicitados por los tutores, estos aseguran que solo alcanzan “la cuarta parte” de las expectativas.

Según Fernando Pérez Iglesias, secretario de la Asociación de Redes de Comisiones Docentes y Asesoras (Areda), el problema es la falta de presupuesto para poder desarrollar la labor formativa como marca la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Real Decreto 183/2008.

“La LOPS no fue legal con las comunidades autónomas”, comentaba recientemente Pérez Iglesias en una mesa redonda sobre el efecto de los recortes en la formación, y argumentaba que el Ministerio trasladó a las comunidades las competencias en la organización de la formación cuando en muchos casos éstas solo disponían de un administrativo que coordinaba la docencia o “vehiculaba papeles”. “El problema es que estas trasferencias no se acompañaron de presupuesto”, afirmaba.

La labor del tutor pasa por la formación, la evaluación y la elaboración de planes de calidad. Un trabajo que hasta ahora solo retribuía Cataluña, pero que a partir del nuevo decreto del País Vasco también se prevé en esta comunidad. “En Cataluña se ha luchado mucho por la formación sanitaria especializada”, afirma el secretario de Areda.

En este sentido, a través del Instituto catalán de Estudios de la Salud se reconoce desde hace años la labor de los tutores con 200 euros al mes, pero se ven obligados a realizar labores docentes fuera del horario de trabajo.